LA ODCA frente a la situación política de Venezuela

En los últimos meses, en la República Bolivariana de Venezuela  se viene produciendo una inaceptable arremetida contra las instituciones democráticas. Son cotidianos el acoso, la amenaza, la intimidación y la persecución política y penal a la oposición, a alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente, a periodistas libres y del movimiento estudiantil, como se evidencia en los recientes asesinatos de dirigentes de ese movimiento, ocurridas en los Estados Mérida y Zulia. Ello en un marco de constante manipulación de las reglas del juego democrático, falta absoluta de independencia de los diferentes poderes del Estado y un escaso respeto por las leyes y la Constitución de la República.  

Considerando

 Que desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se realizan constantes amenazas y atropellos contra los partidos políticos, contra la jerarquía de la iglesia católica, contra los medios de comunicación y periodistas, contra gremios empresariales y empresarios, contra los gremios profesionales, contra los sindicatos y dirigentes sindicales y contra las ONG’s que no manifiesten su adhesión al régimen, existe un clima de intolerancia que coarta la convivencia pacífica de los venezolanos;

Considerando

Que actualmente existe una persecución al ex-candidato presidencial, ex-gobernador y actual alcalde electo democráticamente de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales, líder opositor, a quien el presidente Hugo Chávez, en repetidas ocasiones y públicamente, amenazó con apresar, lo que evidencia un caso de persecución política, sin respeto al debido proceso y las suficientes garantías jurisdiccionales, y que tiene ya de antemano dictada una sentencia condenatoria claramente política. Que esta situación obligó a Rosales a solicitar Asilo Territorial en la República del Perú;

Considerando

Que al Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, electo democráticamente el pasado 23 de noviembre del año 2008, grupos armados simpatizantes del presidente Chávez le impidieron tomar posesión de la mayoría de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía; que se creó un cargo de libre nombramiento como Jefe del Distrito Capital, por encima del Alcalde, figura no contemplada en la Constitución de la República, para el cual el Presidente designó a una persona de su confianza; que dicha irregularidad fue aprobada en la Ley del Distrito Capital suprimiéndole al Alcalde todas las funciones que la propia Constitución le otorga, además quitándole los presupuestos, las instituciones educativas y de servicio público que dependen de la Alcaldía Mayor;

Considerando

Que dentro de la arremetida presidencial contra las regiones gobernadas por la oposición —como los Estados Táchira, Miranda, Carabobo, Zulia y Nueva Esparta— en el pasado mes de marzo se produjo la ocupación militar de puertos y aeropuertos, violando el articulo 164-10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como resultado de una ley que revierte al Ejecutivo venezolano el manejo de estas instalaciones; que dicha medida lo que busca es la limitación financiera y el estrangulamiento económico de los gobernantes regionales opositores al régimen;

Considerando

Que a pesar de que en el mes de diciembre del año 2007 fueron rechazadas en un referéndum las propuestas de modificación de la Constitución de la República, formuladas por el presidente Chávez con el objeto de convertir a Venezuela en socialista, éste forzó la realización de un segundo referéndum el pasado mes de febrero para aprobar la reelección presidencial indefinida y la de todos los cargos públicos electos, violando la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela;  que el Poder Legislativo se encuentra elaborando leyes inconstitucionales, que contienen las propuestas que fueron rechazadas en el Referéndum del 2007, como el cambio de propiedad privada a propiedad social;

Considerando

Que fueron suspendidos los comicios para la elección de Juntas Parroquiales, Municipales y Concejos Municipales previstos para el mes de agosto, posponiéndolos para el segundo semestre del año 2010, violando de esa manera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que impide someter un mismo proyecto de reforma en el mismo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional;

Considerando

Que existe una criminalización de la disidencia y una utilización del Poder Judicial como mecanismo intimidatorio. Que ello se evidencia en el proceso de las inhabilitaciones políticas a los principales dirigentes de la oposición; en la sentencia política sin precedentes dictada por la jueza  Marjori Calderón, casada con un alto dirigente del PSUV, contra los comisarios de policía Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como ocho oficiales de la policía metropolitana, que se verán obligados —sin una sola prueba fehaciente en su contra— a padecer 30 años de prisión, la máxima pena prevista en el código penal venezolano; también en el caso del General en Jefe Raúl Baduel, actualmente disidente del régimen, a quien se le mantiene detenido luego de abrirle un juicio por supuesta malversación de fondos mientras era Ministro de Defensa;

Considerando

Que el presidente Chávez utiliza un lenguaje agresivo, insultante e inapropiado para dirigirse a jefes de Estado y de gobierno extranjeros, y que sin embargo cuando ha sido objeto de críticas en su propio país ha reaccionado decretando la expulsión inmediata de aquellos internacionales que osaban criticarle, tal como sucedió con el señor José Miguel Vivancos, de la ONG Human Rights Watch, y el eurodiputado Luis Herreros;

Considerando

Que el presidente Hugo Chávez invitó públicamente al presidente de Sudán, Omar Al Bachir, a visitar Venezuela para expresarle su solidaridad y rechazo a la orden de captura y detención emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, lo cual constituye un evidente desconocimiento al Derecho Internacional y a la Convención de Roma, de la que Venezuela es miembro;

Considerando

Que el gobierno de Venezuela ha establecido una “Alianza Estratégica” con el gobierno de la República Islámica de Irán, el cual ha demostrado un profundo antisemitismo, desconociendo al Estado de Israel y la existencia del holocausto. Que el régimen venezolano rompió relaciones de más de 60 años con el Estado de Israel, expulsando del territorio nacional al Embajador y personal diplomático israelita, provocando que partidarios del actual régimen gubernamental realizaran acciones vandálicas contra instalaciones de la comunidad judía, como la Sinagoga y el Colegio Hebraico, que ha sido allanado en dos oportunidades por la policía política;

 

La ODCA

1- Manifiesta su  preocupación por el deterioro de la democracia venezolana, la cual se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente ejercido por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela;

2- Expresa su solidaridad con todos los perseguidos y presos políticos en Venezuela; su rechazo a la persecución y acoso que vienen sufriendo algunos líderes de la alternativa democrática de ese país; su apoyo a la lucha por la defensa de la democracia que realiza el COPEI, Partido Popular, miembro de la ODCA;

3.- Rechaza rotundamente la amenaza, la violencia, el abuso de poder, el insulto y la utilización de la justicia como arma de acción política en aras de amedrentar y eliminar al adversario.

4- Recomienda la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya que en Venezuela no existen las condiciones para el ejercicio de la democracia. En esta carta se señala que tan importante como la legitimidad de origen, obtenida en las urnas para acceder al ejercicio del poder, es la legitimidad de ejercicio, que ha de venir refrendada por el respeto a la Constitución vigente y al Estado de derecho como garantía de un funcionamiento plenamente democrático, y que necesariamente ha de incluir el respeto al adversario político pacífico y democrático, tanto más si éste ha sido elegido e investido por el mandato popular;

5- Hace un llamado a las autoridades venezolanas, en especial al Presidente de la República, para que se respeten el Estado de derecho y la Constitución, además de que se promueva la tolerancia hacia el adversario político, de manera que tengan cabida y representación adecuada en la vida pública las diferentes opciones políticas elegidas y deseadas por la sociedad venezolana;

6- Exhorta al Gobierno de Venezuela a poner fin a la imposición autoritaria de un pensamiento y modelo únicos; a garantizar el derecho a la protesta y propiciar el respeto a la libertad de cultos y el cese al hostigamiento contra la iglesia católica y la comunidad judía.